Juzgado Canario ordena el desahucio de una vivienda de 2 ancianos que vendió la Iglesia

El Juzgado de primera instancia número 4 de Arrecife ha ordenado el desahucio de la vivienda que ocupan Sinforiano Lemes y Pilar Callero, de 90 y 87 años de edad... 

Los dos ancianos ocupan esa vivienda, en el barrio de Argana Alta, desde el año 1959 gracias a la cesión de la parroquia de San Ginés, que era la propietaria de esa y otras viviendas en el mismo solar. La Iglesia vendió las casas por 360.000 euros en 2006 a la empresa que gestiona el concesionario de Iveco en Lanzarote, que ha solicitado el desahucio.
Las casas las construyó, con ayuda de los feligreses, la parroquia de San Ginés en un suelo cedido por un vecino, en los años 50, para destinarlas a personas necesitadas. Según un contrato de 7 de diciembre de 1959, Sinforiano Lemes tenía derecho al uso de la vivienda de forma gratuita y “por tiempo indefinido”, atendiendo el mantenimiento, mientas durase su situación de precariedad o hasta que el entonces párroco Lorenzo Aguiar considerase que había otra persona o familia con mayor necesidad. Ese juicio, el de que hubiera una persona más necesitada, era, según el contrato, “personal y privativo del reverendo Lorenzo Aguiar”.

NO TENIAN CON IÑAKI URDANGARIN BASTANTE, QUE VIENE MARICHALAR

La sentencia que absolvía a la revista "Época" en su conflicto con Jaime de Marichalar es declarada nula, con el fin de que se dicte una nueva.

La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado nula la sentencia del Juzgado de lo Penal número 13 que absolvía a los responsables de Época de un delito de "injurias graves con publicidad". La revista fue denunciada en octubre 2008 por Jaime de Marichalar, tras una portada que decía :"Conflicto en la separación de doña Elena. Alega consumo ocasional de cocaína".

Marichalar exigía una indemnización de un millón de euros por el titular de dicho reportaje. En el artículo se hablaba del posible divorcio de los Duques de Lugo y de las negociaciones en dicha separación.

El Juzgado de lo Penal absolvió en una primera sentencia del 26 de junio de 2012 al director de la revista Época, por entonces Carlos Dávila, y a Eugenia Viñes, que firmó el artículo. En esta primera sentencia, el juez argumentó que "los periodistas fueron diligentes" y que "no hubo injurias ni ánimo de injuriar". Además, añadía que los acusados "tenían intención informativa", citando que la posibilidad de divorcio era de relevancia nacional. Por ello, el juez decidió absolver a los denunciados.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado nula esta sentencia por tener "graves defectos de motivación", tanto en los hechos probados como en los fundamentos jurídicos de las conclusiones de la misma. Por todo ello, ha anulado esta sentencia con el fin de que se dicte una nueva.