Aunque el juicio tenía que durar cuatro días, la acusación llegó a un acuerdo en la primera sesión para retirar la imputación de todos los procesados excepto del expresidente de la FEDDI, Fernando Martín Vicente, inculpado de falsedad y estafa, explicó una fuente judicial.
Por dichos cargos, el también exvicepresidente del Comité Paralímpico Español fue condenado a una multa de 5.400 euros (7.300 dólares) y a devolver otros 142.355 euros (193.000 dólares) por las subvenciones recibidas para los falsos deportistas discapacitados.
Según la fiscalía, Martín Vicente era el máximo responsable del comité "encargado de verificar la participación de los deportistas españoles con discapacidad en el encuentro internacional con arreglo a los criterios establecidos en la declaración de Bollnäs (Suecia, 1998), donde se define el concepto de discapacidad intelectual".
En el caso del equipo paralímpico de baloncesto, sólo dos deportistas tenían el certificado de minusvalía emitido por la administración pública, mientras que el resto "participaron en la convención deportiva a sabiendas de que carecían de toda discapacidad", dice la fiscalía.
Esta circunstancia también era conocida por los miembros que integraban el comité y por los dos entrenadores del equipo, también procesados.
El caso fue destapado en 2000 por uno de los jugadores del equipo, Carlos Ribagorda, un periodista que se infiltró en la selección y denunció estas irregularidades en un artículo publicado en la revista Capital.
"Por lo menos 15 de los 200 deportistas españoles (que fueron a los Juegos Paralímpicos) no tenían ningún tipo de discapacidad física ni intelectual", reveló.
En Sídney 2000, España obtuvo 107 medallas, clasificándose tercera en el medallero por detrás de Australia y Gran Bretaña.
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