domingo, 6 de octubre de 2013 |

BAÑEZ INTENSIFICA EL ACOSO AL PARADO DEJA DE PAGAR LAS PRESTACIONES A 400.000 PARADOS

Empleo pretende conseguir así dar de baja en las prestaciones a 400.000 personas y ahorrar 2.100 millones de euros. 
El Gobierno está en plena cruzada contra el fraude laboral y parece que ha encontrado el camino más corto: más que poner el foco en el empleador que contrate en B, se apretarán las tuercas a los trabajadores que estén en paro y, percibiendo prestaciones, cobren en negro. Y ello a pesar de que el PP ha precarizado esas prestaciones reduciéndolas al 50% a partir del sexto mes, lo que aumentaría la necesidad de algunos preceptores de compatibilizar ese dinero con puntuales ‘ñapas’ o trabajos sin contrato, un mercado por cierto de oferta creciente.
Pero también se intensificarán los controles sobre la búsqueda de trabajo. El plan tiene un indisimulado tufo de culpabilización del parado en un país en el que una de cada cuatro personas no encuentra trabajo.

“Depurar las listas de parados”
Hace meses Empleo ya puso en marcha la primera fase de esta operación habilitando un buzón anónimo para chivarse de irregularidades -y que nada más ponerse en marcha se llenó de denuncias sobre “despidos simulados y en diferido” en el PP-. Ahora, Expansión informa del objetivo del ministerio de Empleo de “dar de baja en las prestaciones” a 400.000 personas, con el fin de ahorrarse 2.100 millones de euros. El diario económico habla de que, entre otras cosas, se pretende “depurar las listas de parados”.


Aumento de los controles
El plan, previsto para el próximo año, consta de dos pilares básicos: primero comprobar la “disponibilidad” de los parados con prestaciones a aceptar un trabajo, para lo cual los Servicios Públicos de Empleo pretenden ejecutar 7,4 millones de acciones de control. La segunda pata del plan es el cruce de datos informáticos entre los distintos departamentos del Gobierno y de las comunidades autónomas “para intentar incrementar la persecución de la economía sumergida”.

Menor presión sobre las empresas
El Ministerio de Báñez tiene los objetivos muy claros: pretende cerrar 2014 con 375.000 reclamaciones a los desempleados por “pagos indebidos” de la prestación. En mucha menor medida, apenas espera abrir 12.000 expedientes a empresas por cooperar en el fraude.

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